En España, la persistente situación de pobreza y exclusión (AROPE) en la que viven casi 12 millones de personas nos convierte en una de las sociedades más desiguales e injustas de la Europa rica (España aporta el 10,81% del total de personas en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) de la UE, aunque representa el 9,09% de su población). En lugar de reducir la pobreza y exclusión en entre 1,4 y 1,5 millones como nos comprometimos en 2010, hemos aumentado la cifra en aproximadamente 1 millón de personas, lo cual nos aleja del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Una de las razones que explica esta situación es que la recuperación macroeconómica registrada en la economía española desde 2014 no benefició a las personas en pobreza y exclusión. No todo el mundo sufrió la crisis por igual. La cuarta parte más pobre de la población ha perdido un 10,4 % de renta real y el resto ha perdido tres veces menos. Dentro del conjunto de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, las mujeres se ven más afectadas (el 26%, frente al 24,6% de los hombres). La pobreza y exclusión incide más en las personas más jóvenes, llegando al 31,7% del grupo de 16 a 29 años, y al 30,1% de la infancia y adolescencia. Aunque 3 de cada 4 personas que están en AROPE son españolas, la afectación es elevada entre las personas con nacionalidad extranjera, alcanzando a 1 de cada 2 de las extracomunitarias (54,2%) y de las comunitarias (46,3%). Con respecto al tipo de hogares, tener hijos/as es un factor de riesgo, que se agrava cuando se trata de hogares monoparentales, mayoritariamente a cargo de mujeres, en los que el 46,8% se encuentra en pobreza y/o exclusión social.
La situación tampoco es homogénea a nivel territorial. Las Comunidades Autónomas (CCAA) del norte tienen bajas tasas de AROPE (entre 3 y 14 puntos por debajo de la media nacional). Las CCAA del sur presentan tasas muy elevadas, (entre 4 y 18 por encima de la media nacional). Las diferencias se relacionan con las variaciones de la renta de los hogares, pero también con la inversión social y las políticas redistributivas realizadas por los gobiernos.
Las cifras de la pobreza y la exclusión son frías representaciones de procesos sociales cargados de angustia y dolor: la frustración vital e invisible de millones de hogares, la falta de oportunidades de millones de niños, niñas y adolescentes y el fracaso colectivo en la creación de una sociedad inclusiva. La pandemia de la COVID-19 ha empeorado las condiciones de vida de las personas que ya estaban en pobreza y ha incorporado a muchas nuevas que quedaron en situaciones vulnerables hasta un punto aún desconocido por las estadísticas, pero claramente observable en las innumerables colas de familias pidiendo alimentos, en el incremento de las solicitudes de ayudas a los servicios sociales y a las entidades sociales, o la brecha digital que padecen no solo estudiantes en vulnerabilidad, también amplios sectores sociales de distintos colectivos o ámbitos territoriales. Aún contando con las medidas del ‘escudo social’, es probable que la pobreza y exclusión se sitúen por encima del 25,8% actual, debido a la crisis económica y de empleo, así como por la lentitud en la cobertura de asistencia social.
Llevamos más de 10 años dando cifras pormenorizadas; no se trata entonces de que ‘falte información” para actuar. Desde hace más de 10 años, los gobiernos han elaborado planes de inclusión social y/o estrategias contra la pobreza; no se trata de una “ausencia de ideas o propuestas”. Lo que ha fallado ha sido la voluntad política sostenida de erradicar la pobreza y de aumentar la inversión social, con metas claras a corto y medio plazo, con transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.
Necesitamos que los hogares cuenten con ingresos seguros y dignos, mediante un empleo de calidad -que sitúen a las personas por encima del umbral de la pobreza-, un Ingreso Mínimo Vital -que sea accesible para todas las personas que no pueden incorporarse al mercado laboral, adecuado e inclusivo-, y pensiones mínimas inclusivas -que aseguren el bienestar de las personas mayores y con discapacidad-. Necesitamos combatir integralmente la desigualdad de género en la sociedad, en los hogares y en el empleo: las mujeres están sobrerepresentadas entre quienes cobran el salario mínimo y trabajan en el servicio doméstico; también presentan más elevadas tasas de inactividad, de trabajo a tiempo parcial involuntario y de paro. Necesitamos un “boom inmobiliario de la vivienda social”, que elimine el sinhogarismo y reduzca el desorbitado peso de la vivienda sobre aquellos hogares con rentas medias y bajas. Necesitamos una sanidad que esté preparada para los retos epidémicos y de cuidados de larga duración de una sociedad envejecida como la española, que reduzca o elimine los altos niveles de copago actuales, que cubra la salud mental y la bucodental. Necesitamos luchar contra la pobreza infantil, resolviendo la inseguridad y la escasez de la renta familiar mediante una prestación universal por hijo/a a cargo.
Estamos a favor de la digitalización y de la transición verde de la UE. En este sentido, reclamamos que el Plan de Reconstrucción y Resiliencia de España ‘reconstruya, pero mejorando lo anterior’. Para EAPN esto significa asegurar, de forma prioritaria, que todos los cambios que se realicen sean inclusivos y no dejen a nadie atrás.