En estudios sociológicos sobre el precariado rural realizados por COCEDER en años anteriores se detectó que, además del empleo precario y el paro, el acceso a una vivienda adecuada y asequible constituye uno de los principales problemas para la inserción sociolaboral de las personas en situación de precariedad, de ahí que se decidiese realizar en este 2025 un estudio sociológico específico sobre el problema de la vivienda en cinco comarcas rurales con CDR asociados a COCEDER.
Zonas de actuación. Elaboración propia
Además, se detectó que el problema de la vivienda está dificultando en exceso la renovación demográfica en las zonas rurales, encareciendo y bloqueando los procesos de emancipación residencial entre la juventud rural, así como el asentamiento y la permanencia de nuevos pobladores, inmigrantes tanto nacionales como extranjeros; por tanto, malogrando las políticas estatales y autonómicas del Reto Demográfico.
En este momento, se están finalizando los informes del análisis cualitativo de los diferentes discursos recogidos con las técnicas de las entrevistas abiertas semidirectivas y los Grupos de Discusión, realizando un informe cualitativo para cada una de las cinco comarcas objeto de estudio.
En principio, se ha constatado que la corriente inflacionaria en los precios de la vivienda en propiedad y en las rentas de alquiler también se ha extendido a cada una de las zonas. Esto se debe, fundamentalmente, a la escasez de ofertas de viviendas en compraventa y en alquiler, en un contexto de crecimiento económico y del empleo (tras superarse la crisis de la pandemia del covid-19) que genera la creación de nuevos hogares, así como la inmigración (aumento de la demanda social), según han expresado las personas informantes que participaron en el trabajo de campo.
En todo caso, desde un discurso crítico se resalta que no solo es un problema de cantidad insuficiente de oferta, sino también de tipos de oferta, ya que se carece de suficientes stocks de vivienda pública y protegida en el medio rural, tanto en propiedad como en alquiler, especialmente dirigida a los perfiles de la necesidad-demanda social con más dificultades objetivas para poder acceder a los mercados privados encarecidos de compraventa y de arrendamiento, como son las personas jóvenes, inmigrantes de nacionalidad extranjera y también española, así como los hogares monoparentales.
Asimismo, se destaca el importante stock de viviendas infrautilizadas (secundarias y vacías) como un problema estructural en el medio rural afectado por los fenómenos del éxodo rural-despoblación y de la revalorización rural como un espacio turístico. No obstante, a su vez se percibe como una oportunidad, en el sentido de diseñar las medidas públicas adecuadas para movilizar una parte significativa hacia el alquiler no estacional.
En los pueblos, la escasez de viviendas adecuadas y con precios/rentas asequibles no solo está bloqueando la emancipación juvenil, sino también promoviendo su emigración forzada hacia las villas que son centro comarcal y las ciudades cercanas donde se ha concentrado el parque de vivienda disponible en el mercado inmobiliario.
Entre la inmigración extranjera también sucede, si bien estas personas cuando su situación administrativa es irregular se ven obligadas a alquilar las viviendas con peores condiciones de habitabilidad y menor nivel de equipamiento, sin un contrato declarado (economía sumergida), lo que agrava su situación de precariedad social. Entre el colectivo sociodemográfico de la inmigración extranjera destacan los hogares monoparentales como el perfil social que padece una situación residencial más precaria, afectando negativamente a las condiciones de vida y desarrollo idóneo de la infancia.
Por lo demás, el perfil social de la inmigración nacional, que ha emergido con la crisis de la pandemia del covid-19, también está sufriendo la escasez y el encarecimiento del mercado de vivienda en el rural, poniendo en riesgo iniciativas personales y familiares de repoblación que son muy necesarias para la supervivencia de las comunidades locales afectadas por la despoblación y el sobre envejecimiento.
En la dimensión de las políticas de vivienda, se manifiesta la reivindicación de diseñar medidas y actuaciones adaptadas a las características del territorio rural, promoviendo de manera decida un parque público de viviendas de alquiler social y también protegido de viviendas en propiedad y en alquiler de precio/renta limitada, en el que deberían participar los Ayuntamientos, el cooperativismo y otras entidades del Tercer Sector.
Asimismo, uno de los objetivos estratégicos de esa política de vivienda adaptada al territorio rural debería ser la movilización hacia el mercado de compraventa y, sobre todo, de alquiler estable (no estacional), sin infravalorar la posibilidad del régimen de cesión, de una cantidad significativa del numeroso stock de viviendas vacías, lógicamente implementando simultáneamente ayudas públicas para su rehabilitación, ya que presenta carencias más que notorias en cuanto a su habitabilidad y nivel de equipamiento.
En general, la nueva política de vivienda adaptada al hábitat rural deberá impulsar la satisfacción de las necesidades-demandas residenciales de la población rural con viviendas dignas y adecuadas, tal como se recogen en el artículo 47 de la Constitución española de 1978 y en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, dirigiéndola preferentemente a desbloquear la emancipación juvenil, a contribuir al asentamiento estable y no precario de la inmigración, tanto nacional como extranjera, así como a responder con eficacia a las necesidades – demandas residenciales de los hogares rurales en proceso de cambio (por emparejamiento, natalidad, reagrupamiento familiar, separación-divorcio, familias reconstituidas o compuestas, envejecimiento, viudedad…)
En esta investigación se emplearon tres métodos de investigación social: documental, cuantitativo y cualitativo. En total se realizaron 67 entrevistas abiertas semidirectas y 12 Grupos de Discusión. En cuanto al perfil de los participantes en el estudio tenemos:
- Informantes cualificados o clave del nivel político, de los servicios técnicos públicos, de las empresas y servicios técnicos privados (inmobiliarias, constructoras, arquitectura, registro de la propiedad y notarías), y representantes de entidades del Tercer Sector.
- Los colectivos sociodemográficos más afectados por el problema de la vivienda, esto es, la juventud y las personas inmigrantes extranjeras.
- Personas propietarias de viviendas que alquilan o están vacías.
El Programa de Investigación sociológica de diagnóstico y propuestas sobre el precariado y el reto demográfico en el medio rural está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de los programas de interés social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.
Próximamente se publicará el informe final de la investigación por cada una de las comarcas objeto de estudio.