La Plataforma del Tercer Sector ha reunido a las principales entidades de acción social del país para analizar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la convocatoria de subvenciones con cargo a IRPF, y acordar una posición de consenso que permita estudiar posibles vías de solución.
La Plataforma, en nombre de dichas entidades, manifiesta que la atención a las personas en situación de exclusión social no puede estar constantemente en peligro, sin saber si los proyectos de los que dependen tendrán o no continuidad en el ejercicio siguiente. Los proyectos actualmente en marcha, y los más de siete millones de personas a los que se atiende por medio de ellos, no pueden quedar en un “limbo administrativo” que impacte negativamente en una importante parte de la acción social española.
La desaparición de los fondos derivados del 0,7% de IRPF supondría una “herida de muerte” para el sector que se vería abocado a reducciones drásticas de estructura.
Por ello, necesitamos una apuesta clara y decidida por un sistema que ofrezca garantías de continuidad y estabilidad al Tercer Sector, un nuevo sistema de distribución de este ejercicio de democracia directa y solidaridad ciudadana que supone el que los contribuyentes destinen libremente el 0,7% de sus impuestos para apoyar a las personas que más lo necesitan.
En este empeño, la Plataforma ha mantenido varias reuniones con el Gobierno, en las que le ha trasladado la necesidad de actuar con urgencia y adoptar medidas que garanticen la estabilidad del sector.
Aunque se han constituido distintos grupos de trabajo para tratar el asunto, será en la reunión de la Comisión para el Diálogo Civil del próximo 9 de febrero donde se aborde la cuestión en profundidad y se planteen diferentes opciones que preserven la solidaridad y cohesión territorial.
Desde la Plataforma del Tercer Sector, respetamos y acatamos, como no podría ser de otro modo, la decisión del Tribunal Constitucional, pero seguimos defendiendo la pertinencia de un sistemaque aproveche el potencial de las entidades sociales para garantizar la solidaridad territorial y reequilibrar la atención social en nuestro país, como han venido haciendo durante los más de 30 años de vigencia del modelo de reparto actual.
El foco del sistema de reparto del 0,7% de IRPF debe ser la persona; atender a quien más lo necesita. Por ello, ofrecemos nuestra colaboración al Gobierno, al mismo tiempo que le pedimos compromiso y diligencia en la propuesta de medidas que garanticen la calidad y continuidad en la atención a las personas, que son nuestro único objetivo.
