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La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, - entre ellas COCEDER- se ha reunido con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy y con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, para abordar las consecuencias sociales de la tragedia provocada por la DANA. 

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato ha reivindicado que las entidades del Tercer Sector «somos un aliado clave y estratégico en las situaciones de emergencia» y ha destacado que «las entidades han sido las primeras en atender la emergencia sobre el terreno, actuando con celeridad, transparencia y coordinación». Poyato ha señalado que esta crisis «está afectando especialmente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad» y que la catástrofe ha provocado que «muchas personas se encuentren en situación de pobreza sobrevenida» por lo que «es imprescindible que se despliegue un potente escudo social que las proteja y permita afrontar esta situación». 

En este sentido, desde la Plataforma se ha solicitado la creación de un mecanismo de interlocución directo y de urgencia entre el Ministerio de Derechos Sociales y la Plataforma del Tercer Sector, en el que participen la secretaria de Estado y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector para abordar esta crisis.   

Durante la reunión, ha intervenido de forma online, desde Valencia, Luis Vañó, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana. Vañó ha señalado que nos enfrentamos a una crisis humanitaria con más de un millón de personas afectadas. El presidente de la PTS de la Comunitat Valenciana ha destacado que las entidades sociales están trabajando intensamente, coordinando a sus redes para ofrecer apoyo a la ciudadanía y ha explicado que es necesario «un sólido paquete social que asegure una recuperación efectiva para todas las personas afectadas».  

Emergencia psicosocial

Luis Cayo Pérez, vicepresidente de Incidencia Política, Diálogo Civil y Asuntos Públicos de la Plataforma del Tercer Sector y presidente del CERMI, ha explicado que nos enfrentamos a una catástrofe social, una situación excepcional que requiere una gestión extraordinaria, por eso ha reclamado la constitución de un fondo de reconstrucción social, la reorientación de los fondos europeos y ayudas directas a las entidades sociales que están trabajando en el terreno para asegurar la sostenibilidad de su gestión durante los meses que van a seguir desplegando su actuación en las zonas afectadas

Por su parte, Asunción Montero, vicepresidenta de Sostenibilidad Económica y Ambiental de la Plataforma del Tercer Sector y secretaria general de Cruz Roja ha explicado que, hasta el momento, Cruz Roja ha atendido a más de 140.000 personas afectadas por las inundaciones. Montero ha señalado que estamos ante una emergencia psicosocial y que es necesario atender la salud mental de las personas afectadas y, también, de las personas trabajadoras de las entidades sociales.  

Por su parte Francisca Sauquillo Pérez del Arco, vocal de comunicación de la Plataforma del Tercer Sector y vicepresidenta de la Plataforma del Voluntariado de España ha destacado la labor que están realizando las personas voluntarias para paliar las trágicas consecuencias de la DANA. Además, ha destacado la labor de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat de Valencia como actor clave en la coordinación de las personas voluntarias canalizando la ayuda de manera eficaz y protegiendo a las personas voluntarias

En la reunión también han participado Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital y vicepresidenta de ONCE; Carlos Susías, vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional y presidente de EAPN-ES; Javier Ruiz Gaitán, presidente de La Coordinadora de ONG para el Desarrollo; y Francisco Cristóbal Rincón, director de Comunicación en Cáritas Española que han explicado la respuesta y las acciones que están llevando a cabo las entidades en el terreno. 

Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento 

La Plataforma del Tercer Sector ha solicitado que se incluya al Tercer Sector en el diseño de las siguientes fases del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento, que anunció ayer el presidente del Gobierno.  

Consejo de Ministros

Tenemos que poner en marcha una red de protección social que permita dar respuesta a los efectos de esta crisis”, ha manifestado Bustinduy, al tiempo que reafirmaba el compromiso del ministerio que dirige en reforzar las acciones que se están llevando a cabo sobre el terreno desde el primer día. “La labor de la sociedad civil organizada ante la catástrofe que ha traído la DANA ha sido y está siendo encomiable”, ha destacado para señalar la importancia de contar en España con “un tejido asociativo fuerte, organizado y activo”, algo que, según ha expresado, es vital para poder llevar a cabo una política social ambiciosa.

Bajo esta premisa, Bustinduy ha resaltado que lo prioritario ahora es ofrecer una respuesta a las personas afectadas que sea “social, flexible, ágil y universal”. Por ello, tanto el ministro como las entidades del Tercer Sector han coincidido en la necesidad de reducir la burocracia a la hora de recibir ayudas para las víctimas. Por otro lado, Bustinduy ha puesto en valor algunas de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros:

  • Incremento extraordinario en la prestación de ingreso mínimo vital. Un incremento extraordinario en el IMV del 15% al importe mensual que tenga establecido cada beneficiario individual o unidad de convivencia en noviembre, diciembre y enero de 2025 (3 meses).
  • Ventajas para los hipotecados en zonas catastróficas: (1) Durante un período de tres meses, no tendrán que pagar cuotas ni intereses. (2) Durante los primeros tres meses de la moratoria, no se generarán intereses por impago, lo que significa que no se incrementará su deuda.
  • Medidas de apoyo daños personales y vivienda (art. 3).
  • Se incrementan muy sustancialmente (4 veces más) las cuantías previstas en la normativa vigente (RD 307/2005):
    • 72.000 € por fallecimiento e incapacidad (18.000 €) y se flexibiliza el acceso eliminando el requisito de dependencia económica.
    • 60.480 € por destrucción total de la vivienda habitual (15.120 €).
    • 41.280 € por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual (10.320 €).
    • 20.640 € por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual (5.160 €).
    • 10.320 € por destrucción/daños a enseres.
    • 36.896 € por daños en elementos comunes Comunidad de Propietarios (9.224 €)

Por último, Pablo Bustinduy ha trasladado a todas las entidades de acción social su agradecimiento por el trabajo que están haciendo, y su disponibilidad para que haya una colaboración estrecha entre las administraciones públicas y la sociedad civil, de la mano de la participación ciudadana, algo que considera “un activo esencial” y que ahonda en su idea de fortalecer el Estado Social “para ofrecer un horizonte democrático que no deje a nadie atrás”, ha dicho.

Fuente: www.plataformatercersector.es y www.dsca.gob.es