La acción protectora del Estado resulta imprescindible para reducir las tasas de pobreza en todas las comunidades autónomas (CCAA). Así lo refleja el XIV Informe 'El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa' presentado este 14 de octubre por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en el Senado. Esta investigación comprende los nuevos capítulos relativos a la situación en las Comunidades Autónomas y en Europa, y se suma así a los datos estatales del XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, presentado en el Congreso de los Diputados el pasado 4 de junio.
Según el Informe, si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones -incluidas las pensiones de jubilación y supervivencia-, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza. En la mayoría de las comunidades, si no existiesen estas transferencias las tasas de pobreza crecerían más de un 50 %. Esto es así excepto en aquellas con cifras de pobreza muy elevadas: Región de Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. En el otro extremo se encuentran Cantabria, Aragón, País Vasco y Asturias, las regiones donde dichas transferencias reducen la pobreza con mayor intensidad.
Si no se tienen en cuenta las pensiones, el efecto reductor de las transferencias del Estado se demuestra eficaz en todas las comunidades, aunque con una variabilidad que podría venir determinada por la calidad o el alcance de dichas ayudas. Por su parte, las pensiones de jubilación y supervivencia cumplen una importante función reguladora, no sólo en la calidad de vida de las personas mayores, sino también entre quienes viven con ellas y se ven también beneficiadas. El informe revela que, a nivel estatal, gracias a las prestaciones por jubilación, la pobreza se reduce 5,4 puntos entre los 0 a 64 años, 2 millones de personas, siendo menor el efecto amortiguador en las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza.
Si atendemos a la perspectiva europea que incorpora el informe, en materia de trasferencias cabe señalar el necesario refuerzo del papel del Estado en materia de derechos sociales. Aun considerando la importancia que tienen dichas trasferencias, el efecto es menor que en otros países de la Unión Europea (UE): mientras que en nuestro país permiten reducir la pobreza en un 52,6 %, en Alemania lo hacen en un 64,9 %, en Francia en un 67,2 % y en Finlandia en un 70,7 %.
SE MANTIENE LA BRECHA NORTE-SUR
Como en años anteriores, se repite la gran asimetría territorial norte-sur reflejada por la práctica totalidad de los indicadores empleados para medir la pobreza y la exclusión social. Las comunidades más septentrionales mantienen tasas de pobreza y/o exclusión social bajas –entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (26,5 %)-, incluso inferiores a las medias europeas. Sin embargo, las CCAA situadas al sur presentan tasas extraordinariamente elevadas -entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional-, y superiores a cualquier país de la UE. Entre las razones de esta brecha, se encuentran factores de diferente naturaleza, como la posición geográfica o la distribución de la población, pero también la gestión política y las diferentes estrategias de cohesión e integración social.
EL MERO CRECIMIENTO ECONÓMICO NO REDUCE LA POBREZA
Los datos anteriores demuestran que la lucha contra la pobreza y la exclusión social pasa de forma imprescindible por mejorar el alcance y la intensidad de las políticas sociales en todas las regiones, garantizando una redistribución basada en la cooperación interterritorial que fomente la cohesión social y mejore la calidad de vida de toda la población.
De hecho, según revela el informe, el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para garantizar condiciones de vida digna a todas las personas, siendo necesario acompañar con políticas redistributivas más intensas. Esto se refleja en la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB) y la tasa de pobreza en las diferentes CCAA: mientras que el PIB ha aumentado en todas las regiones desde 2015, la tasa de pobreza sólo se ha reducido en diez. Así, en comunidades como La Rioja, Comunidad de Madrid, Cantabria y Castilla y León incrementos del PIB superiores al 15 % desde 2015, solo produjeron reducciones mínimas de la tasa de pobreza, entre el 1 % y el 3 %.
EL COSTE DE LA VIDA EMPOBRECE A CASI TODAS LAS REGIONES
Como ya reveló el capítulo de datos estatales presentado en junio, los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda, han provocado un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) en todo el país, que ha pasado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, afectando a 12,7 millones de personas.
Así lo evidencia el componente de privación material y social severa (PMSS) de la tasa AROPE, un indicador de vulnerabilidad grave que mide la capacidad para disponer de 13 elementos de consumo y de relación social considerados necesarios en la sociedad europea para mantener una adecuada calidad de vida. Entre ellos, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, la capacidad para afrontar gastos imprevistos o permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
En este sentido, el empeoramiento del indicador a nivel estatal se replica en la mayoría de las regiones, y sólo tres comunidades mejoran su situación respecto a 2022: Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura. Resulta muy revelador cómo la PMSS ha aumentado entre la población que no se encuentra en situación de pobreza: el 4,3 % de la población nacional, es decir, unos 2 millones de personas con los ingresos suficientes para no ser considerados pobres, no pueden mantener una vida digna.
POLÍTICAS SOCIALES IMPRESCINDIBLES PERO INSUFICIENTES
Los sucesivos Informes elaborados por EAPN-ES han evidenciado que la pobreza se constituye como un problema estructural y sostenido en el tiempo tanto a nivel europeo y estatal como en todas las CCAA. Las políticas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención demostrando que, en materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe margen de retroceso a ningún nivel competencial. Pero no solo eso, erradicar de forma efectiva la pobreza y la exclusión social pasa por impulsar políticas sociales estructurales, que se consoliden como parte de los derechos sociales propios de un Estado de bienestar y no solo respondan a situaciones de emergencia.
En este sentido, EAPN-ES viene reclamando el urgente y necesario impulso de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el consenso de todo el arco parlamentario y de los diferentes Gobiernos autonómicos.
El XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ elaborado por la Red ha sido el primero en mostrar los efectos de la guerra en Ucrania, de la inflación y de la crisis energética en el conjunto de la población de nuestro país. A los datos estatales presentado en junio, EAPN-ES ha sumado ahora el presente análisis de los indicadores autonómicos y europeos, con el objetivo de analizar la desigualdad social y económica existente y la necesidad de reducir las brechas que se derivan de ella en la calidad de vida de la ciudadanía.
Las investigaciones de EAPN-ES han demostrado que apostar por políticas de protección social para afrontar las crisis funciona, pero hay que ser más ambiciosos. La lucha contra la pobreza es un compromiso internacional adquirido por los sucesivos Gobiernos, en el marco del cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030. Acabar con la desigualdad social y económica existente es una cuestión de garantía de derechos y de voluntad política.
Fuente: www.eapn.es