Las organizaciones que integran la Plataforma del Tercer Sector, han hecho pública hoy una Declaración del Tercer Sector en defensa de los derechos, la convivencia y la sociedad civil organizada, una iniciativa que expresa el compromiso compartido de las entidades sociales con la defensa de los derechos, la cohesión social, la convivencia y el fortalecimiento de la sociedad civil organizada.
La declaración ha sido presentada coincidiendo con la celebración del Día Nacional del Tercer Sector y ha sido leída por el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, acompañado por representantes de las organizaciones que integran la Plataforma: Cruz Roja Española, Cáritas Española, ONCE, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Plataforma del Voluntariado de España, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma de Infancia y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.
A continuación, se reproduce íntegramente la declaración:
Declaración del Tercer Sector en defensa de los derechos, la convivencia y la sociedad civil organizada
Las entidades del Tercer Sector desempeñamos una función esencial para la sociedad, contribuyendo cada día a la defensa de derechos, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Nuestra actuación se desarrolla de acuerdo con el ordenamiento jurídico, los principios democráticos y los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, cooperación, acción humanitaria y protección social.
Las organizaciones sociales canalizamos el compromiso de millones de personas que participan, colaboran o trabajan en nuestras entidades y constituimos una parte fundamental de la sociedad civil organizada.
En un contexto social y político cada vez más complejo y polarizado, queremos reafirmar una convicción básica: los derechos humanos y la dignidad de todas las personas constituyen la base de nuestra convivencia. Y para ello, todas las personas deben poder ejercer plenamente sus derechos y su ciudadanía en condiciones de libertad, de igualdad real y efectiva, garantizando los apoyos y ajustes necesarios.
Podemos tener ideas diferentes, defender distintas soluciones a los problemas y discrepar sobre las políticas públicas. Esa pluralidad forma parte de una sociedad democrática, pero los derechos fundamentales no pueden depender del clima político ni de quién sea la persona que necesite protección. La diferencia y la discrepancia son legítimas. La violencia y la amenaza no lo son.
Rechazamos cualquier forma de violencia, acoso o intimidación dirigida contra personas, colectivos u organizaciones. Y expresamos especialmente nuestra preocupación cuando quienes son objeto de estas actuaciones son profesionales, personas voluntarias o entidades sociales por el hecho de desarrollar su labor. Desempeñan un papel fundamental para llegar a miles de personas en situación de vulnerabilidad y reclamamos el máximo respeto a su compromiso.
El Tercer Sector debe poder desarrollar su actividad con libertad, seguridad e independencia. La crítica y el debate sobre nuestra actuación son legítimos y forman parte de una sociedad plural. Pero el señalamiento, las amenazas o las agresiones no pueden normalizarse ni convertirse en una forma aceptable de confrontación social o política.
Las entidades sociales no estamos con unos partidos ni contra otros. Estamos con los derechos. Nuestra responsabilidad es con las personas, con sus derechos y con su dignidad. Por eso trabajamos con transparencia y dialogamos con gobiernos, administraciones y fuerzas políticas de distintas sensibilidades, manteniendo nuestra independencia y defendiendo los derechos humanos de todas las personas aquí y en cualquier lugar del mundo, con la misma claridad, gobierne quien gobierne y afecten a quien afecten.
El Tercer Sector trabaja para el conjunto de la sociedad. Por eso creemos también que una sociedad cohesionada no puede construirse enfrentando a unas personas con otras, ni unas necesidades con otras; tampoco alimentando o justificando los discursos de odio y el racismo. La aparición de nuevas situaciones de vulnerabilidad no debe llevarnos a cuestionar los derechos de otras personas. Proteger a quien lo necesita no resta derechos a los demás.
Durante décadas, nuestra sociedad ha construido un amplio marco de derechos, protección social, solidaridad y convivencia. Preservarlo es una responsabilidad compartida.
Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, la convivencia, la cultura de paz y la consolidación de una sociedad más cohesionada, inclusiva y respetuosa con la dignidad humana. Queremos seguir colaborando con las administraciones públicas, empresas, agentes sociales y con el conjunto de la ciudadanía para afrontar los desafíos sociales presentes y futuros desde el diálogo, la solidaridad y el respeto a los derechos fundamentales.