Este año 2024 tres acciones fortalecen la relación de intercooperación con la comunidad de San Pablo de Tacaná, en Guatemala. Por un lado, el Colegio de Trabajo Social de Catalunya, a través de las Ayudas de Cooperación del Colegio, ha aportado 8.000 euros al proyecto Justicia de Todos, de San Pablo de Tacaná, Guatemala.
Este proyecto surge de la necesidad de dotarse de estructuras de acompañamiento comunitario para hacer frente a las agresiones derivadas del conflicto para la soberanía energética de las comunidades del departamento de San Marcos, en el altiplano guatemalteco. En paralelo al proyecto de emancipación energética LuzDeTodos, ha sido vital para las comunidades dotarse de herramientas jurídico-sociales para acompañar a las personas y familias criminalizadas por este conflicto y poder hacer frente a las agresiones judiciales que sufren los líderes sociales.
Desde el año 2018, el bufete, constituido por una trabajadora social con la colaboración de abogadas y gabinetes externos, así como entidades defensoras de los derechos humanos y comunitarios, prestó asesoramiento legal, acompañamiento psico-social y acciones de cooperación a personas criminalizadas. Entre las entidades que participan destacan la Comisión Internacional de Juristas de Centroamerica (CiJ), el Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC) el Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales i Derechos de los Pueblos (FRENA) o el Bufete para los pueblos indígenas (BPI). Todo esto, con el apoyo de la Fundación L’Olivera y Llegat Jaume Botey, entre otras.
La aportación económica del Colegio de Trabajadores Sociales, permitirá reforzar y consolidar el bufet y, a su vez, poner en march acciones como el acompañamiento comunitario, la formación y el intercambio de conocimientos alrededor de los derechos fundamentales y la realización de sesiones de valoración y diseminación coordinadas con otras entidades y colectivos representativos de las comunidades indígenas, de defensoras de los derechos humanos y colectivos vulnerables.
Además, en las últimas semanas, el CDR L’Olivera y diferentes redes de apoyo y amigos y amigas han dado amparo habitacional y refugio a un reconocido abogado guatemalteco, defensor de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades más desprotegidas de Guatemala, que ha sido criminalizado y perseguido judicialmente por sus posturas y causas iniciadas contra el gobierno y altos funcionarios corruptos del país.