o 105.535* personas recibieron ayuda en 2023 por sufrir violencia y/o discriminación gracias a las personas contribuyentes que marcaron Fines Sociales en su declaración de la renta.
o El gran movimiento solidario de personas que marcan la “X Solidaria” en su renta recaudó el año pasado 1.313.619,11* euros que se destinaron a proyectos para la prevención, asistencia integral, protección y/o acompañamiento a personas y colectivos víctimas de delitos violentos, de violencia y de conductas discriminatorias, así como a su empoderamiento.
*(Estimación propia basada en datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030)
El Ministerio de Interior publicó principios de 2024 que las Fuerzas de Seguridad españolas registraron, a lo largo de 2023, un total de 1.606 incidentes de delitos de odio, cifra que supone un incremento de un 33,1% respecto a los registrados el año anterior. Por ello, ante una ola de violencia y discriminación en escalada que no cesa, las ONG ponen en marcha cada año diferentes proyectos sociales que atienden a las personas que sufren esta violencia y/o discriminación, promoviendo su prevención y protección. Proyectos que, sin las personas contribuyentes que cada año marcan la “X Solidaria” en su declaración de la renta, no contarían con financiación suficiente para poder realizarse.
Porque la violencia afecta a diferentes colectivos de personas, como puede verse en el estudio 'Análisis de casos y sentencias en materia de racismo, xenofobia, LGTBIfobia y otras formas de intolerancia 2018-2022', donde se recoge que uno de cada cinco delitos de odio cometidos en España entre 2002 y 2021 (el 22,7%), tuvo como objetivo la orientación y la identidad sexual de las víctimas. Mientras que los cometidos por su origen racial o étnico representaron el 18,8%; la ideología el 15,3% y la nacionalidad el 10,2%. Menos frecuentes son los actos discriminatorios motivados por la discapacidad de la víctima (el 6,3%), por su religión o creencias el 2,8 %, por antigitanismo el 1,7% y por aporofobia el 0,6%.
De esta manera y porque “actuar contra los delitos de odio ayuda a mejorar la convivencia de una sociedad multicultural, formada por personas diferentes y, como consecuencia directa, nos ayuda a vivir en una sociedad mejor", tal y como declaró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la 2ª Comisión de Seguimiento del "II Plan de Acción de Lucha contra Delitos de Odio 2022-2024"; las entidades sociales siguen luchando cada año por dar respuesta a esta violencia con el objetivo de proteger a quienes más lo necesitan pero también de empoderarles, dotándoles de herramientas para identificar y denunciar estas situaciones de violencia y/o discriminación.
Es por ello que gracias a la casilla solidaria de la renta en 2023 se recaudaron 1.313.619,11€* que ayudaron a 105.535* personas a través de diferentes proyectos sociales que luchan contra las violencias y los delitos de odio, pero también dan asistencia y protección a las víctimas para que sepan que no están solas; además de generar todo un sistema que promueva y conciencie para que no sigan sucediendo. En relación a los datos publicados en Moncloa por el Ministerio del Interior, en el que recogen que, del total de los incidentes registrados el año pasado, 604 están relacionados con el racismo o y la xenofobia, Accem, gracias a la casilla de Fines Sociales, realiza el programa “Detección, prevención y empoderamiento en la lucha contra la discriminación y delitos de odio por motivos de raza o etnia” que busca facilitar la lucha contra actitudes racistas, xenófobas e intolerantes a través de la detección y seguimiento de incidentes discriminatorios y delitos de odio. También se busca mejorar el conocimiento de las víctimas de sus derechos y cómo ejercerlos para abordar estas situaciones a través de su empoderamiento, con apoyo y asesoramiento profesional y especializado para facilitar la denuncia, reduciendo con ello el alto grado de infradenuncia que se produce en este ámbito. Además, y vinculado a este último aspecto, solo el 18,2 % de las personas que han experimentado una situación discriminatoria ha presentado alguna queja, reclamación o denuncia; por ello también realizan el programa “Infra-D II: Más allá de la denuncia”, para ofrecer conocimiento sobre los motivos y circunstancias que llevan a las personas de origen magrebí a no denunciar casos de discriminación racial y étnica, y concienciar sobre la utilidad de los diversos mecanismos contra la discriminación racial o étnica, entre ellos la queja, la reclamación y la denuncia, así como potenciar y facilitar su uso.
En esta misma línea también trabaja CONVIVE Fundación Cepaim, quienes, gracias a la “X Solidaria”, desarrollan el proyecto Red, dirigido a víctimas y potenciales víctimas de delitos de odio y discriminación étnica y racial, así como agentes clave y ciudadanía en general, para la promoción de acciones de información, sensibilización y formación en casos de discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia con el fin de fomentar la denuncia segura. Por otro lado, con la campaña #PorEstoDenuncio buscan concienciar sobre los motivos que impiden la denuncia, para pasar a la acción. Para ir un paso más allá, desde CONVIVE Fundación Cepaim, dan formación a personas que trabajan en entidades con intervención social, sensibilizando y formando con perspectiva antirracista e interseccional en el abordaje de la atención y trabajo cotidiano.
En un escenario muy similar, también cabe destacar que las personas gitanas viven una situación de desventaja socioeconómica lo que conlleva la falta de oportunidades reales y aboca a una situación de exclusión estructural y de discriminación. Por ello, entre las acciones que la Fundación Secretariado Gitano pone en marcha en 2023 con cofinanciación del 0,7% y del Fondo Europeo Plus, figura la atención a cerca de 800 víctimas de discriminación. Además, llevó a los tribunales 34 litigios estratégicos, por su representatividad en el desarrollo de jurisprudencia. Trabajó implicando y sensibilizando a cerca de 1.400 agentes clave, de cuerpos de Seguridad del Estado o judicial entre otros, en la promoción de la igualdad de la comunidad gitana, prestando especial atención a la implementación de la Ley Integral de Igualdad de Trato.
En relación al empoderamiento de las personas para defender y ejercer sus derechos, la Red de difusión de derechos de las mujeres trabajadoras del hogar familiar del Movimiento por la Paz -MPDL- trabaja con un doble objetivo: por un lado, favorecer el empoderamiento legal de las mujeres mediante la difusión de derechos y, por otro, favorecer la denuncia, la reclamación ante situaciones de explotación laboral y/o discriminación mediante la difusión de cómo defender y ejercer esos derechos y la información de recursos de atención. Para ello, la Red cuenta con herramientas accesibles como son las píldoras informativas audiovisuales y una aplicación para smartphone que, además de responder a las principales cuestiones en esta materia, informa de recursos a los que poder acudir.
Por su parte, y teniendo en cuenta que, en base a los datos del Ministerio de Interior, en segundo lugar de los delitos de odio están los incidentes relacionados con la discriminación por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, sumando 364 registrados, la Federación Estatal LGTBI+ gracias al Servicio estatal de asistencia a víctimas de violencia por motivo de delitos de Odio por Orientación Sexual e Identidad de Género, financiado con la “X Solidaria”, atendió en 2023 a 67 personas que sufrieron discriminación o fueron agredidas verbal o físicamente por el hecho de pertenecer al colectivo. Según el informe Estado LGTBI+, elaborado por 40dB para la Federación Estatal LGTBI+, 1 de cada 10 personas LGTBI+ ha sido agredida física o sexualmente en España en los últimos cinco años.
Para la prevención de este tipo de violencias que, cada vez más, se dan a edades más tempranas, Scouts de España desarrolla el Programa Prevención de la violencia desde la educación no formal, con el que promueve entre la juventud de 14 a 35 años la igualdad y la no discriminación, así como la prevención de la violencia, fomentando la igualdad entre mujeres y hombres, todo ello en el marco del ocio educativo y el tiempo libre. El alcance del programa en 2023 fue de 10.616 personas beneficiarias, 679 voluntarias y 566 actividades y servicios realizados.
Por otro lado, gracias a la financiación del 0,7%, UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha llevado a cabo la investigación ‘Reducción de Daños en el Siglo XXI. Fase II: Nuevas Estrategias de Reducción de Daños’ en la que se aborda la necesidad de profundizar en la conceptualización de la comunidad y la exploración de las múltiples violencias y discriminaciones que sufren las personas con adicciones, identificando el rechazo social, así como las vulnerabilidades y violencias asociadas. UNAD aboga por la reducción de daños como una estrategia exitosa de mediación comunitaria, desplazando el consumo del centro de atención hacia otros aspectos como el sinhogarismo y las violencias. De este modo, el consumo de drogas se integra dentro de un contexto mucho más amplio, derivado de la discriminación, la exclusión social y las políticas represivas.
En relación al sinhogarismo, Hogar SÍ, con el objetivo de erradicar los delitos de odio y la discriminación, principalmente motivada por la aporofobia, que sufren las personas en situación de sinhogarismo en nuestra sociedad, que, a su vez, dificultan la erradicación de este fenómeno estructural, desde Hogar SÍ y su observatorio HATEnto, se impulsa la denuncia activa de estos hechos ante las fiscalías especializadas, los servicios policiales y las administraciones competentes, así como la capacitación de agentes clave en la detección y acompañamiento ante este tipo de hechos y acciones de litigio estratégico que buscan cambios de calado en las políticas públicas . Además, se promueven campañas de sensibilización enfocadas a dar a conocer los problemas que están sufriendo las personas que se ven privadas del derecho a una vivienda en España, como la aporofobia, vinculadas a las agresiones, delitos de odio y a la vulneración del derecho a la seguridad por falta de un hogar. La última acción de la campaña #SinAporofobia, realizada gracias a quienes marcan la “X Solidaria” en su renta, ponía el foco en la problemática de la arquitectura hostil tuvo una gran acogida en apoyos que fueron presentados a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). En ella se presentaba esto como un problema añadido que no resuelve el fenómeno, sino que desplaza a las personas de zonas donde se refugian y las expone a sufrir agresiones sin ofrecer una alternativa.
Por último, en relación a que los incidentes registrados sufridos por personas con discapacidad han aumentado un 227,3 por ciento respecto al año anterior (registrándose 36 en 2023 frente a los 11 de 2022), cabe destacar que, con el objetivo de proteger sus derechos, la Confederación Autismo España dispone, a través de la financiación recibida por la X Solidaria, de una Unidad de defensa de derechos, que persigue un triple objetivo: prevenir las prácticas sin evidencia científica en el abordaje del autismo, sensibilizar sobre las buenas prácticas y actuar ante casos de vulneración de derechos de las personas autistas. Para ello, a través de esta Unidad se investiga tanto la normativa como las políticas públicas nacionales y autonómicas sobre los diferentes modelos de protección jurídica del colectivo y se elaboran propuestas de mejora de las mismas; se identifican prácticas sin evidencia científica y posibles casos de vulneración de derechos de las personas con autismo, y se emprenden las acciones oportunas al respecto, y se establecen alianzas estratégicas con distintas organizaciones públicas y privadas que redunden en la defensa de sus derechos fundamentales.
La campaña “X Solidaria”, dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual, es coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social; cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma de Infancia y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España y está financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.