El pasado viernes se abrió el proceso de inscripción a las pruebas de acceso de los ciclos formativos de grado medio y superior. Un trámite crucial para muchas personas que quieren acceder a la formación y, posteriormente, al mercado laboral. Sin embargo, este proceso, que debería ser sencillo, se convierte en una barrera insalvable para las personas en situación administrativa irregular, ya que sin un Número de Identificación de Extranjero (NIE) no pueden generar la tasa necesaria para formalizar la inscripción.
Desde el área de Ciudadanía Inclusiva del CDR La Safor, se han realizado consultas a los institutos de la comarca para buscar una solución, pero la respuesta ha sido clara: sin NIE no se puede completar el trámite. Este bloqueo administrativo pone en evidencia las contradicciones y la falta de coordinación entre diferentes departamentos de la administración pública, y genera una confusión constante entre normativas, información errónea y ausencia de protocolos claros.
Un ejemplo de esta desinformación es la falsa afirmación de que las personas con pasaporte no pueden presentarse a las pruebas de acceso, una instrucción que no aparece en la normativa de la Consejería de Educación y que puede excluir injustamente a muchas personas del derecho a la formación pública. Esta situación se ve agravada por la falta de responsabilidad de la administración, que deja en manos del individuo la resolución de un problema creado por el propio sistema burocrático.
Esta misma problemática afecta también al alumnado extranjero que cursa un ciclo formativo. Con la reciente cotización de las prácticas formativas, las personas sin NIE no pueden ser dadas de alta en la Seguridad Social, lo que les impidió completar su formación. Ante ello, el profesorado y las direcciones de los centros trasladan el problema a las instituciones competentes, que responden con información incorrecta: enviarlos a la comisaría de policía para tramitar un NIE. Una acción que puede poner en peligro su situación legal y derivar en una orden de expulsión.
Desde el programa Ciudadanía Inclusiva del CDR La Safor, denunciamos que estos hechos no son casos aislados, sino una expresión del racismo estructural que impregna la administración pública. La falta de formación en materia de extranjería del personal funcionario y la ausencia de protocolos inclusivos perpetúan estas situaciones de discriminación, convirtiendo un derecho fundamental como la educación en un privilegio para unos pocos.
Estas barreras burocráticas son una forma de frontera simbólica, una diferenciación sutil pero efectiva que crea ciudadanos de primera y de segunda categoría. Las consecuencias de estas prácticas no sólo afectan al acceso a la formación, sino que tienen un impacto directo en el bienestar psicosocial de las personas migradas y en la convivencia en nuestros pueblos.
El Programa Ciudadanía Inclusiva: combatiendo el racismo y la xenofobia en el medio rural, impulsado por COCEDER y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de los programas de interés social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, continúa trabajando para denunciar y visibilizar estas injusticias, exigiendo una administración más inclusiva y accesible que garantice el acceso igualitario a los derechos fundamentales para todas las personas, independientemente de su situación. Este programa lo realizamos este año en cinco comarcas rurales con los CDR asociados de Afa Bierzo, Carrión de los Condes, El Sequillo, Alt Maestrat y La Safor.