COCEDER, junto a otras 45 entidades del Tercer Sector, ha firmado este acuerdo con medidas para facilitar el acceso a la vivienda, incentivar el empleo y garantizar la conciliación. El presidente de la Junta ha explicado que se trata de un ambicioso acuerdo fruto de la voluntad de diálogo del Ejecutivo autonómico con la sociedad civil y el tejido asociativo de la Comunidad. El pacto recoge 56 medidas, entre las que destacan la configuración de un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía o la implantación de la ‘Historia Social Única’
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suscrito con representantes de 45 entidades del Tercer Sector -entre ellas, COCEDER- el 'Pacto por las Familias de Castilla y León', que incluye un total de 56 medidas. Un acuerdo que es fruto de la voluntad de diálogo del Ejecutivo autonómico con el tejido asociativo y la sociedad civil para apoyar a las familias de la Comunidad que más lo necesitan y, así, seguir mejorando su calidad de vida. «Quiero agradecer a las organizaciones sociales su dedicación y compromiso. Su conocimiento de las realidades más difíciles ha sido clave para construir este acuerdo, que responde a las necesidades reales de las familias en Castilla y León.»
Fernández Mañueco ha destacado que este pacto surge desde un Gobierno estable que está transformando la sociedad, impulsando el futuro de Castilla y León, y que, a su vez, permite avanzar en servicios sociales, ofrecer los mejores servicios públicos de España y generar más bienestar para las personas. Además, ha agradecido la importante labor que realizan estas entidades y ha señalado que, con el pacto que hoy se ha firmado, se blindará la protección a las familias vulnerables, y también a aquellas de clase media que puedan atravesar momentos de dificultad por la inflación, circunstancias laborales u otras causas.
Por su parte, el presidente de EAPN CYL, Óscar Castro Vega, enfatizó la importancia de este acuerdo en un contexto marcado por múltiples crisis: «Este pacto no solo era necesario, sino también urgente. Las crisis recientes han afectado desproporcionadamente a las personas en situación de pobreza, incrementando las desigualdades. Esta herramienta representa una oportunidad histórica para consolidar un modelo de Castilla y León más inclusivo y equitativo.»
Garantía de recursos para una vida digna
Uno de los objetivos de este acuerdo es cubrir las necesidades básicas de todas aquellas familias en riesgo de pobreza a través de la inserción sociolaboral. Por ello, la Junta y las 45 entidades del Tercer Sector han acordado trabajar en un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía para la activación social de las personas, sobre todo en los hogares con menores. Fernández Mañueco ha señalado que, se vincularán estas ayudas para personas o familias vulnerables a la búsqueda de empleo y a la escolarización de sus hijos. Además, se tramitará una nueva petición al Gobierno de España para que transfiera la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Óscar Castro destacó el papel de las entidades que forman parte de EAPN CYL, así como el trabajo conjunto de otras organizaciones sociales y reconoció el esfuerzo de las personas y familias en situación de pobreza y exclusión social: «Quiero agradecer especialmente a las personas, familias y comunidades que, aun estando en situación de pobreza y/o exclusión social, se enfrentan día a día a numerosos retos para superar estas dificultades. Esa lucha diaria no solo es suya, sino que también es una responsabilidad colectiva. Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de construir juntos una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollar su potencial.»
El pacto recoge tanto el acceso a una vivienda, como la garantía de que ésta disponga de las condiciones adecuadas de habitabilidad. Para lograr estos objetivos, en primer lugar, se impulsarán ayudas al alquiler dirigidas a todas las personas cuyos ingresos anuales estén comprendidos entre 0,5 y 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), y se otorgarán con un criterio progresivo, para que aquellas familias con rentas más bajas puedan recibir mayor porcentaje de recursos. Además, se van a incrementar las plazas para el alojamiento de personas vulnerables, se agilizará el pago del bono social térmico y se facilitará la adaptación de viviendas para las personas de movilidad reducida. Las actuaciones en materia de vivienda tendrán una perspectiva rural, a través de la promoción y rehabilitación de vivienda pública en los municipios, principalmente destinada a jóvenes, así como mediante la bonificación del alquiler.
Por otro lado, este pacto supone la consolidación de la educación gratuita de 0 a 3 años, así como becas, ayudas y apoyos a estudiantes, la garantía de la gratuidad total de los servicios de comedor o madrugadores y de los libros de texto, y actuaciones contra el absentismo escolar, impulsando para ello el refuerzo educativo.
En materia de empleo, la Junta aumentará los itinerarios de inserción para encontrar una ocupación laboral y la coordinación entre los servicios educativos, sociales, de empleo, Tercer Sector y empresas, con el objetivo de mejorar la eficacia de la integración laboral. El acceso al mercado de trabajo es un elemento fundamental y, por ello, la Junta apuesta de manera decidida por las políticas activas de empleo, tanto en empresas del mercado ordinario como de inserción.
Además, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un servicio de apoyo a la integración sociolaboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia.
Historia Social Única
La colaboración entre las administraciones públicas y las entidades del Tercer Sector en materia de Servicios Sociales es fundamental para canalizar los recursos y llegar a más capas de población de manera eficiente. En este sentido, la innovación tecnológica es una herramienta fundamental para agilizar todos los procesos que tratan de abordar las situaciones de emergencia social.
Por ello, la Junta de Castilla y León implantará este año la denominada ‘Historia Social Única’, un elemento clave para que el sistema de protección social de Castilla y León sea aún más eficaz. Además, se va a profundizar en una mayor cooperación territorial y en la integración de todos los actores, tanto en el diseño como en los programas en el ámbito social.
Medidas clave del pacto
El pacto incluye un enfoque integral que abarca las áreas de ingresos, vivienda, educación y empleo, diseñadas para garantizar condiciones de vida dignas. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
1. Ingresos y protección social:
- Reforma de la Renta Garantizada de Ciudadanía, enfocada en la activación social y laboral, especialmente para hogares con menores.
- Petición al Gobierno de España para transferir la gestión del Ingreso Mínimo Vital, facilitando una respuesta más eficiente y cercana.
2. Vivienda digna:
- Ayudas al alquiler con criterios de progresividad, priorizando a las familias con menos recursos.
- Incremento de plazas de alojamiento para personas vulnerables.
- Adaptación de viviendas para personas con movilidad reducida y promoción de vivienda pública en entornos rurales, con especial atención a jóvenes.
3. Educación inclusiva:
- Consolidación de la educación gratuita de 0 a 3 años.
- Gratuidad total de libros de texto, dispositivos tecnológicos y servicios como comedor y madrugadores.
- Programas específicos contra el absentismo escolar y refuerzo educativo para menores vulnerables.
4. Empleo inclusivo:
- Ampliación de itinerarios sociolaborales y fortalecimiento de la coordinación entre servicios sociales, educativos y de empleo.
- Creación de un servicio de apoyo para jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia.
5. Innovación tecnológica en servicios sociales:
- Implementación de la Historia Social Única, que permitirá coordinar recursos y optimizar la atención a las familias de manera más ágil y eficiente.
Fuente: comunicacion.jcyl.es y www.eapncastillayleon.es
