El pasado mes de abril, cuando quedaban apenas dos meses para la celebración de las elecciones en Europa, el Parlamento Europeo publicó una encuesta del Eurobarómetro donde se valoraban los temas que la ciudadanía considera prioritarios. En este contexto, un tercio de la población de la UE consideraba que la lucha contra la pobreza y la exclusión social era el tema principal al que debía dar prioridad el Parlamento Europeo. En el caso concreto de España, los temas más relevantes para la ciudadanía eran la salud pública, la lucha contra la pobreza y la exclusión social y el apoyo a la economía y la creación de empleo (38 %). Cuestiones que, desafortunadamente, están alejadas de los debates políticos y de la agenda mediática actual.
Los resultados del estudio se sumaron a los analizados en la Encuesta sobre desigualdades y tendencias sociales publicada en junio por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según la investigación, un 86,4 % de la población española asegura que le preocupa “mucho o bastante” la existencia de desigualdades sociales, mientras que el 88,8 % cree que “la pobreza infantil necesita una acción urgente y decidida del Gobierno”. Y el panorama es similar para la población más joven: más de la mitad de quienes participaron en la encuesta consideraba que las y los jóvenes de nuestro país van a vivir peor que sus padres.
Hoy, 17 de octubre, se conmemora el Día Internacional para La Erradicación de la Pobreza. Hoy sí hablamos de esta lacra, de los 12,7 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país. Sin embargo, esos 12,7 millones de personas también se encontraban en esa situación ayer, y también lo estarán mañana. Y lo estarán durante mucho tiempo si no asumimos un compromiso firme para erradicar esta vulneración de derechos humanos. Históricamente, la pobreza ha sido ampliamente invisibilizada en nuestra sociedad, lo que ha llevado a una falta de comprensión y de acción colectiva que afronte sus causas y consecuencias. Esta invisibilidad no solo perpetúa el sufrimiento de millones de personas, sino que también impide el desarrollo de políticas efectivas que aborden de forma estructural esta problemática.
Las cifras de pobreza y exclusión social son frías representaciones de las duras realidades sociales que atraviesan millones de familias, lastradas los últimos años por los efectos de las sucesivas crisis, la inflación y el coste de la vivienda. Realidades tan crudas como los 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de pobreza. O la de quienes han entrado ya en situación de pobreza severa, es decir, quienes viven en hogares que ingresan menos de 611 euros al mes, casi 4 millones de personas.
La misma crudeza se hace patente en el día a día de las familias monoparentales: más de la mitad se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, la gran mayoría encabezas por una mujer. Esta grave situación va en aumento cada año, igual que la denominada pobreza energética, que en 2023 volvió a alcanzar máximos históricos: un 43,1 % de las personas pobres tiene dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5 % cálida en invierno.
A su vez, no podemos olvidar los diferentes rostros de la pobreza. En España, ser mujer, vivir de alquiler, ser miembro de una familia con menores, tener un empleo precario, o una discapacidad son factores que aumentan el riesgo de caer en pobreza.
Las investigaciones de EAPN-ES han demostrado que apostar por políticas de protección social para afrontar las crisis funciona. Según el XIV Informe 'El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa' elaborado por la Red, si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones -incluidas las pensiones de jubilación y supervivencia-, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza. Tal es la importancia del papel del Estado que, en la mayoría de las comunidades autónomas, si no existiesen estas transferencias las tasas de pobreza crecerían más de un 50 %.
Sin embargo, pese a las medidas sociales implementadas en los últimos años, las cifras de pobreza y exclusión social se mantienen alta y constantes, demostrando que nos encontramos frente a problemáticas estructurales que requieren estrategias y políticas públicas más intensas y extensas, fundamentadas en la garantía de derechos para todas las personas.
Los sucesivos gobiernos de nuestro país han adquirido compromisos sociales en el marco de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pilar Europeo de Derechos Sociales que son de obligado cumplimiento. En este sentido, se debe trabajar de forma prioritaria en políticas que garanticen el derecho a la vivienda y el acceso a la energía, la garantía de ingresos, la igualdad de oportunidades y de género, la atención a la diversidad, los retos ante el fenómeno migratorio, y la lucha contra todas las formas de discriminación, incluida la aporofobia. Y, por supuesto adoptar medidas redistributivas y de justicia fiscal con un mayor alcance, para evitar que la pobreza y la desigualdad sigan creciendo a niveles intolerables.
Somos conscientes de que las soluciones no son mágicas e instantáneas, y las entidades del Tercer Sector asumimos nuestra parte a la hora de colaborar para fortalecer a la sociedad en el difícil contexto actual. Las nuevas brechas han recrudecido otras ya existentes, a las que debemos sumar, por sus graves implicaciones, el aumento de la polarización y la normalización alarmante de las expresiones y de los delitos de odio, que sufren en mayor medida los colectivos más vulnerables.
Por último, no podemos olvidar que una sociedad igualitaria solo puede construirse poniendo en el centro la paz y los derechos humanos. Hoy reclamamos que se ponga fin a los conflictos bélicos que están atravesando diferentes regiones del mundo, y hacemos un llamamiento a las vías pacíficas para resolver los conflictos. Y, por supuesto, que las políticas migratorias que se están debatiendo actualmente se fundamenten en la garantía efectiva de los derechos de las personas migrantes.
Toca a las Instituciones tener altura de miras ante los retos pendientes, en colaboración con la sociedad civil para que los derechos y la dignidad de todas las personas marquen las agendas, contribuyendo a un futuro donde la pobreza, la desigualdad y la discriminación no tenga cabida.
Fuente: www.eapn.es